SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “La sentencia es un hecho, ya es final, es inapelable e inamovible. La sentencia ya no está en tela de juicio ni es susceptible de ser considerada por nadie ni mucho menos por un organismo internacional extranjero. La sentencia es lo que es”.
Quien habla es el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, y se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual establece con claridad a quiénes corresponde la nacionalidad dominicana.
La sentencia es respaldada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien externó su apoyó a la disposición constitucional durante una conversación telefónica con el presidente Danilo Medina, el pasado ocho de octubre, reveló Jiménez Luis.
El Tribunal Constitucional ordenó que se inicie un proceso de regularización de los extranjeros residentes en República Dominicana, lo que ha sido iniciado por el Consejo nacional de Migración, para solucionar el grave problema de los millares de haitianos ilegales, que a su vez son hijos de padres ilegales, y que ahora de exigen la nacionalidad dominicana.
La ONU se ha ofrecido a colaborar con las autoridades dominicanas para regularizar el status de los haitianos.
Jiménez de Luis conversó con los periodistas en el Palacio nacional, donde se reunió con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el vicecanciller José M. Trullols y el embajador dominicano en Haití, Rubén Silié.
La Unión Europea también parece estar de acuerdo con ls sentencia del Constitucional, dado que no enviaría al país ninguna comisión para indagar sobre la sentencia que pone clara la situación en cuanto a los millares de haitianos ilegales que exigen la nacionalidad dominicana, pese a ser hijos de padres que ni siquiera tienen documentos de identidad expedidos en Haití.
Alberto Navarro, el jefe de la Unión Europea en Santo Domingo, ha descartado que las naciones de Europa toquen en tema constitucional dominicano, contrario a lo que ha pedido Haití, cuyo gobierno se niega a aceptar como haitianos a los hijos de sus nacionales que residen de manera ilegal en República Dominicana, aunque la Constitución haitiana los reconoce.
La Unión Europea aclara que respeta la total independencia y la soberanía de la República Dominicana para regularizar la situación de los extranjeros.
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